Ciudad de México a 2 de agosto de 2023.- En el panorama político de Coahuila, se avecina noviembre con la salida de Miguel Ángel Riquelme Solís de la gubernatura. Sin embargo, el nuevo líder estatal tendrá que enfrentar una complicada situación económica que fue moldeada por un manejo deficiente de las finanzas y la corrupción.
La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción recibió en el segundo semestre de 2022 un total de 63 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de Coahuila (ASEC), quienes descubrieron diversas irregularidades en los ejercicios fiscales de 2017, 2018, 2019 y 2020.
Según lo establecido en la normativa de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila (artículos 70 al 74), se establecen diversas penalidades para los servidores públicos que cometan faltas administrativas graves, tales como suspensiones de hasta 90 días, destitución, sanciones pecuniarias e inhabilitación.
Reporte Índigo recogió datos que indican que la Auditoría Superior interpuso más de 430 denuncias penales, entre 2013 y 2022, a raíz de las revisiones de las cuentas públicas.
Durante el año 2022, se emitieron un total de 16 multas debido al incumplimiento de los requerimientos de información que la Auditoría había formulado, así como por la no presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera y/o Cuenta Pública.
A esta situación se agregó un problema adicional en el primer trimestre del 2023. El análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera puso al descubierto una preocupante realidad: los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se encontraron con serias dificultades de liquidez para poder afrontar sus compromisos financieros.
“Al 31 de marzo de 2023, en término globales los poderes del estado no contaron con liquidez (0.82 pesos), dos poderes no contaron con activos circulantes suficientes para cumplir con sus compromisos a corto plazo, mientras que el restante reveló contar con capacidad de pago”, indica dicho informe.
En el reporte presentado, se pudo constatar que de los 146 entes que forman parte del estado de Coahuila, un total de nueve de ellos no fueron sometidos a evaluación. Entre estos se encuentran el Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, ambos actualmente en proceso de extinción.
Además de estos entes mencionados, también quedaron excluidos del análisis el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, el Instituto Municipal de Planeación de Piedras Negras y el Instituto Municipal de Emprendimiento de Torreón.
Además, se suscitaron importantes inquietudes en relación con la gestión financiera de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y el Instituto Coahuilense de Cultura, quienes hasta la fecha no mostraron avances significativos en su rendición de cuentas. Esta falta de transparencia podría conllevar a sanciones conforme a lo establecido en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.
Por otro lado, llama la atención el hecho de que el gobierno de Riquelme no logró justificar ni demostrar el destino de la suma de 6 mil 827 millones 410 mil 053.79 pesos. Cabe destacar que la próxima vez que el mandatario rinda cuentas ante el Poder Legislativo (mismo que lo ha protegido) será en noviembre,.
Al enfrentar señalamientos de irregularidades y denuncias, la mayoría priista se opuso al intento de llevar el tema al Congreso, mientras los días de Miguel Ángel Riquelme en el cargo están contados.
