Reforma de Salud en Juego: ¿Monopolio en Cirugía Estética por Ley?

En el ámbito de la salud y la legislación mexicana, una propuesta legislativa encabezada por el diputado Emmanuel Reyes Carmona ha generado un intenso debate. Esta reforma a la Ley General de Salud, centrada en las cirugías estéticas, propone que solo aquellos profesionales con certificaciones específicas puedan ejercer en este campo. Sin embargo, detrás de esta iniciativa, que aparentemente busca mejorar la calidad y seguridad en las prácticas de cirugía estética, se esconde una preocupante realidad: el riesgo de crear un monopolio en beneficio del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C.

Este organismo privado, el único habilitado para certificar a los médicos cirujanos estéticos, se encontraría en una posición de poder sin precedentes si la ley se aprueba en el próximo periodo legislativo. Se rumora que hay una suma considerable en juego, alrededor de 20 millones de pesos, lo que suscita preocupaciones acerca de la verdadera intención detrás de la reforma.

Dos puntos clave resaltan en este escenario:

  1. La Formación de Especialidades: Actualmente, las especialidades médicas en México se cursan a través del Programa Nacional de Residencias Médicas. Son los únicos médicos especialistas aprobados para ejercer por las autoridades competentes.
  2. Restricción a Médicos sin Especialidad: La ley propuesta estipula que los médicos sin una especialidad no deben realizar procedimientos quirúrgicos lo cual ya está señalado en el art. 272 bis de la ley general de salud. Aunque esto parece razonable en términos de seguridad del paciente, en realidad lo que se busca es otorgar exclusividad a un gremio médico y excluir a otros gremios médicos de especialistas formados a través del Programa Nacional de Residencias Médicas y que además tienen una preparación completa en cirugía estética la cual han adquirido a través de cursos, talleres, diplomados y cursos de posgrado aprobados por las autoridades competentes.

La iniciativa de Reyes Carmona surge en un contexto de creciente demanda de cirugías estéticas, motivada tanto por cuestiones estéticas como reconstructivas. La propuesta, que parece responder a un llamado de seguridad tras casos de malas prácticas, como el de la periodista Sandy Aguilera, podría, sin embargo, cerrar el camino a la diversificación y accesibilidad en el campo de la cirugía estética.

La exclusividad que se otorgaría a un solo gremio no solo va en contra de los principios de libre competencia, sino que también contradice el espíritu de la Constitución mexicana. La cirugía estética, una disciplina en la cual tienen competencia diversas especialidades médicas, no puede ni debe limitarse a un solo grupo de especialistas.

La situación plantea un dilema ético y legal significativo: ¿debería el Estado mexicano permitir que una asociación civil se convierta en el árbitro exclusivo de quién puede y quién no puede practicar la cirugía estética? ¿Es justo que se cree un monopolio que podría limitar el acceso a la formación y práctica en esta especialidad?

La propuesta legislativa de Reyes Carmona, aunque parte de una intención de regular y mejorar la calidad de los servicios de cirugía estética, parece ignorar el impacto más amplio que tendría en el sistema de salud y educación médica en México. Al otorgar la certificación exclusiva al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C., se estaría limitando la diversidad y el acceso a la formación en este campo. Esto podría conducir a un sistema donde solo unos pocos, posiblemente aquellos con mayores recursos, tendrían el privilegio de obtener la certificación y ejercer, creando un desequilibrio en la atención médica disponible para la población.

Por otro lado, la iniciativa ignora la vasta experiencia y conocimientos adquiridos por muchos médicos especialistas a través de estudios de posgrado autorizados, que aunque no culminan en una certificación formal, son igualmente valiosos para el ejercicio de la cirugía estética. La propuesta, por lo tanto, no solo favorecería a un grupo pequeño y selecto, sino que también desvalorizaría las competencias y habilidades adquiridas por otros médicos especialistas en el campo.

La salud y la seguridad del paciente deben ser siempre la prioridad, pero esto no se logra necesariamente a través de la creación de monopolios y restricciones en la formación médica. La propuesta de ley debe ser cuidadosamente evaluada y posiblemente modificada para garantizar que sirva al mejor interés de todos los mexicanos, promoviendo un sistema de salud más inclusivo y equitativo.

Mientras tanto, el debate continúa, con la mirada puesta en el próximo periodo legislativo. Será crucial que se considere una amplia gama de opiniones y experiencias para garantizar que cualquier cambio en la ley beneficie a todos los implicados, desde los profesionales médicos hasta los pacientes que dependen de sus servicios.

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